El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, Francisco González Cabaña, y la delegada de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía, Angelines Ortiz, y representantes de nueve municipios de la provincia han firmando el “Pacto Provincial por la Energía Sostenible”, un documento programático de compromiso efectivo para el fomento de una política provincial coordinada de ahorro, eficiencia energética e impulso de las energías renovables. Mediante el acuerdo los Ayuntamientos se perfilan como actores ejemplarizantes del uso racional de la energía y protagonistas, a partir de pequeños gestos, de grandes cambios ambientales de reducción de CO2 y lucha contra el cambio climático.
Con esta firma se han entregado a los alcaldes de Benalup-Casas Viejas, Torre Alháquime, Chipiona, San José del Valle, Espera, Prado del Rey, Castellar, Puerto Serrano y El Bosque, los resultados de la primera fase del Programa de Optimización y Ahorro Energético Provincial (POAP), un programa financiado a partes iguales por la Diputación y la Junta de Andalucía (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, a través de la Agencia Andaluza de la Energía), con una inversión de 124.345 euros. A la entrega han asistido también el vicepresidente primero de la Diputación y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Medio Ambiente, Energía y Sostenibilidad (Agencia Provincial de la Energía), Antonio Roldán, y el vicepresidente tercero, Francisco Menacho
Angelines Ortiz ha indicado que el pacto por la energía sostenible en Andalucía es un nuevo modelo de desarrollo energético sostenible, destinado a la reducción del derroche energético, la mejor utilización de los recursos propios, formación de técnicos y una modernización de las instalaciones. La delegada de la Consejería de Innovación también apuntó a que estos planes contribuyen a la creación de empleo y el desarrollo de empresas gaditanas especializadas.
En relación con las auditorías entregadas a los nueve municipios, González Cabaña puntualizó que, además de dotar a cada ayuntamiento de su propio diagnóstico energético, “las mismas tienen que responder a una voluntad por contribuir a la reducción de emisiones de CO2, compromiso que tiene la Diputación provincial”.
Un compromiso que reiteró el vicepresidente primero y responsable del Área de Medio ambiente, Antonio Roldán. El pacto suscrito “es importante en la lucha contra el cambio climático, en el que está implicada la Diputación”, dijo.
Estas auditorías se enmarcan dentro de los Planes Energéticos Municipales (PEM) que se ha materializado en diagnósticos energéticos pormenorizados de los municipios, así como de sus centros e instalaciones dependientes, para detectar las principales fuentes de consumo eléctrico y las posibilidades de aplicación de medidas correctoras, de inclusión de energías renovables y mejora de la eficiencia. De este modo, las auditorías realizadas por empresas consultoras especializadas, han permitido conocer el estado energético actual de aquellos ayuntamientos que, voluntariamente, han decidido acogerse al programa, conscientes del peso que la factura energética tiene en las arcas municipales y como medida ejemplarizante de ahorro para sus ciudadanos.
El conjunto de municipios auditados en esta primera fase de los POAP presenta un consumo de energía primaria de 2.252,72 tep/año (toneladas equivalentes de petróleo), lo que supone un coste económico para este grupo de municipios de 1.219.766 euros anuales.
Una vez conocido el estado de la situación, el plan de actuaciones propone un conjunto importante de medidas para el alumbrado público, como la optimización de la factura eléctrica, la sustitución de casi seis mil lámparas por otras de bajo consumo, más eficientes y de mayor duración; la incorporación de equipos estabilizadores y reductores, o la sustitución de lámparas incandescentes por LED en los semáforos. En el caso de edificios, las medidas pasan por instalar lámparas de bajo consumo; instalaciones solares térmicas, fotovoltaicas o biomasa; cambios en los sistemas de refrigeración y calefacción, o modificaciones en la epidermis.
La aplicación de éstas y otras medidas implicarían una inversión total de 3.334.703 euros que se amortizarían en unos seis años (suponiendo el conjunto de estos nueve municipios como un todo, la realización de la totalidad de medidas propuestas y un período de retorno sin límite). Con ello, los ayuntamientos pueden conseguir un ahorro energético del 39 % y un ahorro económico del 47,39 %, lo que equivaldría a más de 578.036 euros al año. En cuanto a los beneficios para el medioambiente, cada año se dejarían de emitir a la atmósfera 4.346 toneladas de CO2. Tras esta primera fase de los POAP, otros 21 municipios: Alcalá de los Gazules, Algodonales, Algar, El Gastor, Benaocaz, Trebujena, Bornos, Villaluenga del Rosario, Medina-Sidonia, Zahara de la Sierra, Paterna, Setenil, Jimena, Olvera, Conil, San Roque, Tarifa, Ubrique, Arcos y Barbate, serán los destinatarios de las siguientes auditorías.
Fuente: Fundación Medio Ambiente, Energia y sostenibilidad Provincia de Cádiz.
